
En un comunicado difundido ayer jueves por la organización Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) se dio a conocer que el Estado no envió representación a la audiencia sobre la supervisión del cumplimiento de dos sentencias sobre los casos de dos niñas, relativos a apatridia y discriminación a personas haitianas y dominicanas de origen haitiano.
Pero el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, señaló hoy viernes que la falta de representación en la cita se debió a un acatamiento del Gobierno a una sentencia emitida en 2014 por el Tribunal Constitucional local, cuyas decisiones “son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”.
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